En la foto de Caretas: Andrés Gómez de la Torre a la IzquierdaA propósito del escándalo de los petroaudios, que sigue dando de qué hablar e involucra a personas vinculadas al gobierno, a una rama de las Fuerzas Armadas, a las empresas privadas dedicadas al rubro de seguridad y a periodistas, -entre otros-; y de los problemas recurrentes que significan para los gobiernos el manejo y control de sus servicios secretos, el Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos (IDEPE) y su área de investigación en asuntos de inteligencia presentarán el libro Sistemas de inteligencia comparados: Aportes al caso peruano”. La obra analiza desde distintas perspectivas los casos de los Estados Unidos, Colombia, España, Israel, Europa del Este y desde luego, Latinoamérica y el Perú. Entrevistamos a Andrés Gómez de la Torre Rotta, coautor del libro, quien luego de estar muchos años vinculado a los servicios de inteligencia, se encuentra actualmente publicando diversos trabajos y ensayos sobre el tema, además de ser corresponsal de la revista de seguridad y defensa “DEF” Argentina en el Perú.
Andrés, al parecer contigo se está cumpliendo eso de que los funcionarios de inteligencia se convierten en prolíficos ensayistas a su salida de los servicios secretos.
En el Perú no es lo usual, pero en otros países más avanzados sí. Releo en estos dias At the center of storm (En el ojo del huracán o En el centro de la tormenta) de George Tenet, donde detalla y analiza la crisis del atentado de las Torres Gemelas del 11S desde la perspectiva de la CIA y las agencias de seguridad de los Estados Unidos. La magnitud del asunto fue tal que hizo recomponer la legislación de inteligencia norteamericana y provocó la reforma de la célebre Truman Act de 1947, que creó la actual arquitectura jurídica de seguridad de los EE. UU. El 11S fue la segunda gran crisis de inteligencia norteamericana, pues la primera fue en los setenta, con en el caso Watergate, que desembocó en la creación de los famosos Comités Selectos de Inteligencia en el Congreso (1974), Senado y Representantes: Comité (Otis) Pyke y Comité (Frank) Church. Ambos casos fueron verdaderos terremotos para la institucionalización y credibilidad de la inteligencia de Estados Unidos.
Claro, pero como en tú caso, en nuestra región, ¿los ex funcionarios de inteligencia se están dedicando a escribir?
Desde luego. Está el libro del abogado Horacio French, ex funcionario por alrededor de 20 años en la Secretaría de Inteligencia del Estado, la SIDE argentina (hoy S.I.). La obra se llama Servicios secretos en crisis (Ediciones El Emporio). Vale la pena leerlo. Hay otros trabajos a modo de ensayo en otras obras recientes de funcionarios salientes de otros países del área, como el finado Pablo Dreyfus de Argentina, Andrés Felipe Sáenz de Colombia, o Carlos Maldonado de Chile. Otros lo hacen al revés: primero escriben y luego ingresan al servicio, pero no es lo usual, como es el reciente caso del Dr. Enrique Obando en el Perú y su importante trabajo La reestructuración de la inteligencia en el Perú: Sus avances y sus problemas (Inteligencia y Seguridad: Revista de análisis y prospectiva, Nº 5, diciembre 2008 – marzo 2009, Madrid, número dedicado al tema de América Latina).
Siempre es recurrente asociar inteligencia con crisis políticas y escándalos. ¿En qué han desembocado las crisis últimamente en Latinoamérica reciente?
Veamos un poco. En México en el 2001 con la transición de Fox del PRI al PAN; al igual que en Perú con su crisis de viabilidad del extinto Consejo Nacional de Inteligencia (CNI, 2004); y de manera similar en Colombia en el año 2005 con la crisis del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), y en Ecuador en el 2008 con la crisis derivada del incidente de Angostura, se dieron hechos asombrosamente similares: se establecieron Comisiones Especiales del más alto nivel para el estudio, diagnóstico y reforma de los servicios de inteligencia. En todos estos casos se esbozaron un conjunto de recomendaciones cuya salida final consistía en la sugerencia de una profunda reforma normativa de los mismos. No es casual entonces que estos países, luego de la Comisiones surgidas, modificaran su marco legal: México promulga en el 2005 su Ley de Seguridad Nacional, que incluye por completo al CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional); el Perú en el 2006 promulga la Ley 28664 de creación de la DINI; Colombia en marzo de 2009 la Ley 1288 de Fortalecimiento del Marco Legal que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal; y, Ecuador acaba de promulgar su nueva Ley de Seguridad Pública y del Estado, creando una nueva entidad de inteligencia, la que remplazará a la actual agencia DNI, basada en la antigua y vetusta Ley de Seguridad Nacional del año 1979 (bajo gobierno militar).
Hablando específicamente de Perú, luego de los famosos “petroaudio”, ¿habrá algo nuevo para la inteligencia en nacional?, ¿alguna forma de que no se repitan los hechos?
Antes de que estallara la crisis hubo una respuesta, la misma que pasó inadvertida: en la Comisión de Defensa Nacional del Congreso y la Comisión de Inteligencia está el Proyecto de Ley Nº 1757/2007-CR, presentado por Alianza Parlamentaria el 18 de octubre de 2007. Rescato de él su impecable Exposición de Motivos y su precisa fórmula legal. Fue elaborado con la asesoría de un destacado asesor parlamentario como es Julio Rodríguez Rosas, e invoca el artículo 11º de la Ley 25520 del 2001 de la República Argentina, y el artículo 24º de la Ley 19974 del 2004 de Chile, en el sentido de prohibir de forma expresa el empleo de mecanismos “intrusivos, clandestinos, encubiertos o invasivos”; es decir, procedimientos de inteligencia que vulneren derechos fundamentales de la persona humana, por parte de entidades privadas a modo de “inteligencia paralela, paraestatal” o de “tercerización de servicios”. Esto ya se veía venir. En Buenos Aires fue publicado a fines del año 2007 el libro colectivo 2010: Una Agenda para la Región (Ed. TAEDA & Revista “DEF” Argentina. Fabián Calle y Fabián Bosoer, compiladores). En dicha obra desarrollo publiqué el artículo Inteligencia: Palabra prohibida o tema pendiente de la agenda regional y desarrollé un subtítulo llamado Privatización del secreto de Estado, tercerización e inteligencia paralela (página 506), en donde reseño algunos casos ejemplificadores recientes en que se ve cómo el sector privado incursiona en el sector inteligencia en América del Sur y mencino los problemas políticos, jurídicos y empresariales que supone y acarrea tal incursión.
¿Y cómo anda la inteligencia nacional luego de tanto sobresalto?
Pese a todo, creo que por buen camino. Con escasos recursos se hace más de lo que se puede, ¡y me lo van a decir a mí! Las actuales autoridades se están esforzando por sostener e institucionalizar el sistema, pero comprenderá que con el limitado techo presupuestal impuesto y asignado religiosamente desde el año 2003 - un promedio que oscila entre los 40 y 42 millones de soles anuales -, es escaso el margen de maniobra. Al menos ya se recuperaron cosas como el Curso Superior de Inteligencia (CSI), en la Escuela de Inteligencia, desactivado inexplicablemente desde el año 2000.
Al parecer a la DINI se le endosa la responsabilidad de haber hecho poco, o nada, en el caso del escándalo de los “petroaudios”…
Probablemente. Inicialmente aparecía como un problema netamente policial y de otras instancias del aparato público del Estado, como el Poder Judicial o el Ministerio Público. Luego comenzó a convertirse en un problema de carácter estratégico cuando se pudo percibir la profundidad y las dimensiones que contenía el tema. La corrupción es una amenaza real y tangible contra la seguridad nacional, allí es que intuyo que los tomadores de decisión pensaron que la DINI tenía que ver o haber hecho algo. Es relativo hablar de ello, pero lo cierto es que supuso un cambio de timonel en la conducción de la Dirección Ejecutiva de la DINI, cabeza del sistema de inteligencia en febrero pasado. El Plan Anual de Inteligencia (PAI), tendrá a futuro que considerar éste rubro dentro de las amenazas o riesgos a la seguridad. Será un gran desafío, pues allí germinaría la idea de incorporar al sistema anti-corrupción, por intermedio del Ministerio de Justicia, al Consejo de Inteligencia, el COIN. Ello Supondrá desde luego una revolución desde el punto de vista operativo y de procesamiento de las informaciones. Habrá que encontrar soluciones imaginativas a problemas nuevos. Acoto sin embargo que no puede negársele a éste gobierno un estilo en su manejo de la política de inteligencia mucho más coherente y consecuente que el anterior. El hecho de haber tenido solamente dos jefes de inteligencia hasta el día de hoy en este gobierno, -y roguemos porque ello sea así hasta el final del período-, es sin duda una señal muy favorable para con la institucionalización del SINA y la estabilidad de todos sus órganos componentes.
Sobre la crisis reciente de la inteligencia en Colombia, que es la más llamativa últimamente en la región, ¿qué pasa realmente por allá?
La inteligencia colombiana se encuentra en una crisis casi crónica. El gobierno del Presidente Uribe decidió liquidar el DAS y para esos efectos actualmente existe en el Congreso un Proyecto de Ley, PL 189 / 2009, sobre la creación de una nueva entidad, a la que llamarán Agencia Central de Inteligencia de Colombia (ACI). La reforma va a consistir en suprimir las amplias funciones que tenía el DAS y volverla una entidad más analítica, de generación de prospectiva estratégica y menos operativa, esa es una tendencia que marcó Chile en su reforma desde el año 1990 con la vuelta a la democracia y sus dos agencias de inteligencia en democracia, la DISPI de 1993 y la ANI de 2004. Seguramente habrá en el DAS purgas y ceses de personal, en donde justos pagarán por pecadores, como se ve, no solamente en el Perú suceden esas cosas.
¿Le gustaría ser, en un futuro, Director Ejecutivo de la DINI?
No estoy en política, y no creo que lo haré. En América Latina no tenemos esos perfiles tan polivalentes y versátiles de académicos o policy makers que combinan su actividad intelectual con los asuntos públicos, como Henry Kissinger, Luigi Einaudi, Jeanne Kikpatrick o Condolezza Rice. El jefe de inteligencia debe ser, a mi juicio, un hombre de absoluta confianza del Presidente. La era “ochentista” del almirante Stanfield Turner en los Estados Unidos o del general Emilio Alonso Manglano en España, es decir, de las jefaturas asépticamente técnicas ya pasó a la historia, y hace mucho tiempo.
Andrés, al parecer contigo se está cumpliendo eso de que los funcionarios de inteligencia se convierten en prolíficos ensayistas a su salida de los servicios secretos.
En el Perú no es lo usual, pero en otros países más avanzados sí. Releo en estos dias At the center of storm (En el ojo del huracán o En el centro de la tormenta) de George Tenet, donde detalla y analiza la crisis del atentado de las Torres Gemelas del 11S desde la perspectiva de la CIA y las agencias de seguridad de los Estados Unidos. La magnitud del asunto fue tal que hizo recomponer la legislación de inteligencia norteamericana y provocó la reforma de la célebre Truman Act de 1947, que creó la actual arquitectura jurídica de seguridad de los EE. UU. El 11S fue la segunda gran crisis de inteligencia norteamericana, pues la primera fue en los setenta, con en el caso Watergate, que desembocó en la creación de los famosos Comités Selectos de Inteligencia en el Congreso (1974), Senado y Representantes: Comité (Otis) Pyke y Comité (Frank) Church. Ambos casos fueron verdaderos terremotos para la institucionalización y credibilidad de la inteligencia de Estados Unidos.
Claro, pero como en tú caso, en nuestra región, ¿los ex funcionarios de inteligencia se están dedicando a escribir?
Desde luego. Está el libro del abogado Horacio French, ex funcionario por alrededor de 20 años en la Secretaría de Inteligencia del Estado, la SIDE argentina (hoy S.I.). La obra se llama Servicios secretos en crisis (Ediciones El Emporio). Vale la pena leerlo. Hay otros trabajos a modo de ensayo en otras obras recientes de funcionarios salientes de otros países del área, como el finado Pablo Dreyfus de Argentina, Andrés Felipe Sáenz de Colombia, o Carlos Maldonado de Chile. Otros lo hacen al revés: primero escriben y luego ingresan al servicio, pero no es lo usual, como es el reciente caso del Dr. Enrique Obando en el Perú y su importante trabajo La reestructuración de la inteligencia en el Perú: Sus avances y sus problemas (Inteligencia y Seguridad: Revista de análisis y prospectiva, Nº 5, diciembre 2008 – marzo 2009, Madrid, número dedicado al tema de América Latina).
Siempre es recurrente asociar inteligencia con crisis políticas y escándalos. ¿En qué han desembocado las crisis últimamente en Latinoamérica reciente?
Veamos un poco. En México en el 2001 con la transición de Fox del PRI al PAN; al igual que en Perú con su crisis de viabilidad del extinto Consejo Nacional de Inteligencia (CNI, 2004); y de manera similar en Colombia en el año 2005 con la crisis del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), y en Ecuador en el 2008 con la crisis derivada del incidente de Angostura, se dieron hechos asombrosamente similares: se establecieron Comisiones Especiales del más alto nivel para el estudio, diagnóstico y reforma de los servicios de inteligencia. En todos estos casos se esbozaron un conjunto de recomendaciones cuya salida final consistía en la sugerencia de una profunda reforma normativa de los mismos. No es casual entonces que estos países, luego de la Comisiones surgidas, modificaran su marco legal: México promulga en el 2005 su Ley de Seguridad Nacional, que incluye por completo al CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional); el Perú en el 2006 promulga la Ley 28664 de creación de la DINI; Colombia en marzo de 2009 la Ley 1288 de Fortalecimiento del Marco Legal que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal; y, Ecuador acaba de promulgar su nueva Ley de Seguridad Pública y del Estado, creando una nueva entidad de inteligencia, la que remplazará a la actual agencia DNI, basada en la antigua y vetusta Ley de Seguridad Nacional del año 1979 (bajo gobierno militar).
Hablando específicamente de Perú, luego de los famosos “petroaudio”, ¿habrá algo nuevo para la inteligencia en nacional?, ¿alguna forma de que no se repitan los hechos?
Antes de que estallara la crisis hubo una respuesta, la misma que pasó inadvertida: en la Comisión de Defensa Nacional del Congreso y la Comisión de Inteligencia está el Proyecto de Ley Nº 1757/2007-CR, presentado por Alianza Parlamentaria el 18 de octubre de 2007. Rescato de él su impecable Exposición de Motivos y su precisa fórmula legal. Fue elaborado con la asesoría de un destacado asesor parlamentario como es Julio Rodríguez Rosas, e invoca el artículo 11º de la Ley 25520 del 2001 de la República Argentina, y el artículo 24º de la Ley 19974 del 2004 de Chile, en el sentido de prohibir de forma expresa el empleo de mecanismos “intrusivos, clandestinos, encubiertos o invasivos”; es decir, procedimientos de inteligencia que vulneren derechos fundamentales de la persona humana, por parte de entidades privadas a modo de “inteligencia paralela, paraestatal” o de “tercerización de servicios”. Esto ya se veía venir. En Buenos Aires fue publicado a fines del año 2007 el libro colectivo 2010: Una Agenda para la Región (Ed. TAEDA & Revista “DEF” Argentina. Fabián Calle y Fabián Bosoer, compiladores). En dicha obra desarrollo publiqué el artículo Inteligencia: Palabra prohibida o tema pendiente de la agenda regional y desarrollé un subtítulo llamado Privatización del secreto de Estado, tercerización e inteligencia paralela (página 506), en donde reseño algunos casos ejemplificadores recientes en que se ve cómo el sector privado incursiona en el sector inteligencia en América del Sur y mencino los problemas políticos, jurídicos y empresariales que supone y acarrea tal incursión.
¿Y cómo anda la inteligencia nacional luego de tanto sobresalto?
Pese a todo, creo que por buen camino. Con escasos recursos se hace más de lo que se puede, ¡y me lo van a decir a mí! Las actuales autoridades se están esforzando por sostener e institucionalizar el sistema, pero comprenderá que con el limitado techo presupuestal impuesto y asignado religiosamente desde el año 2003 - un promedio que oscila entre los 40 y 42 millones de soles anuales -, es escaso el margen de maniobra. Al menos ya se recuperaron cosas como el Curso Superior de Inteligencia (CSI), en la Escuela de Inteligencia, desactivado inexplicablemente desde el año 2000.
Al parecer a la DINI se le endosa la responsabilidad de haber hecho poco, o nada, en el caso del escándalo de los “petroaudios”…
Probablemente. Inicialmente aparecía como un problema netamente policial y de otras instancias del aparato público del Estado, como el Poder Judicial o el Ministerio Público. Luego comenzó a convertirse en un problema de carácter estratégico cuando se pudo percibir la profundidad y las dimensiones que contenía el tema. La corrupción es una amenaza real y tangible contra la seguridad nacional, allí es que intuyo que los tomadores de decisión pensaron que la DINI tenía que ver o haber hecho algo. Es relativo hablar de ello, pero lo cierto es que supuso un cambio de timonel en la conducción de la Dirección Ejecutiva de la DINI, cabeza del sistema de inteligencia en febrero pasado. El Plan Anual de Inteligencia (PAI), tendrá a futuro que considerar éste rubro dentro de las amenazas o riesgos a la seguridad. Será un gran desafío, pues allí germinaría la idea de incorporar al sistema anti-corrupción, por intermedio del Ministerio de Justicia, al Consejo de Inteligencia, el COIN. Ello Supondrá desde luego una revolución desde el punto de vista operativo y de procesamiento de las informaciones. Habrá que encontrar soluciones imaginativas a problemas nuevos. Acoto sin embargo que no puede negársele a éste gobierno un estilo en su manejo de la política de inteligencia mucho más coherente y consecuente que el anterior. El hecho de haber tenido solamente dos jefes de inteligencia hasta el día de hoy en este gobierno, -y roguemos porque ello sea así hasta el final del período-, es sin duda una señal muy favorable para con la institucionalización del SINA y la estabilidad de todos sus órganos componentes.
Sobre la crisis reciente de la inteligencia en Colombia, que es la más llamativa últimamente en la región, ¿qué pasa realmente por allá?
La inteligencia colombiana se encuentra en una crisis casi crónica. El gobierno del Presidente Uribe decidió liquidar el DAS y para esos efectos actualmente existe en el Congreso un Proyecto de Ley, PL 189 / 2009, sobre la creación de una nueva entidad, a la que llamarán Agencia Central de Inteligencia de Colombia (ACI). La reforma va a consistir en suprimir las amplias funciones que tenía el DAS y volverla una entidad más analítica, de generación de prospectiva estratégica y menos operativa, esa es una tendencia que marcó Chile en su reforma desde el año 1990 con la vuelta a la democracia y sus dos agencias de inteligencia en democracia, la DISPI de 1993 y la ANI de 2004. Seguramente habrá en el DAS purgas y ceses de personal, en donde justos pagarán por pecadores, como se ve, no solamente en el Perú suceden esas cosas.
¿Le gustaría ser, en un futuro, Director Ejecutivo de la DINI?
No estoy en política, y no creo que lo haré. En América Latina no tenemos esos perfiles tan polivalentes y versátiles de académicos o policy makers que combinan su actividad intelectual con los asuntos públicos, como Henry Kissinger, Luigi Einaudi, Jeanne Kikpatrick o Condolezza Rice. El jefe de inteligencia debe ser, a mi juicio, un hombre de absoluta confianza del Presidente. La era “ochentista” del almirante Stanfield Turner en los Estados Unidos o del general Emilio Alonso Manglano en España, es decir, de las jefaturas asépticamente técnicas ya pasó a la historia, y hace mucho tiempo.
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